Cada vez que EE.UU. decide enviar alguna tropa, una bandera roja se alza en alguna parte. Esta vez, el debate se centró en las siete nuevas bases militares norteamericanas que el presidente Álvaro Uribe aceptó instalar en Colombia, como continuación de un acuerdo estratégico que existe entre los dos países desde el año 2000 con la aprobación del Plan Colombia. En un principio era un plan básicamente antinarcótico y focalizado en las FARC. Pero estos son sólo dos de los objetivos principales.
El Plan Colombia.
Desde que el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana Arango firmó el tratado con Bill Clinton en 1999, el Plan Colombia se ha ganado el repudio del pueblo colombiano. Su principal y más criticado plan de acción consistía la fumigación aérea de plantaciones de coca, principal fuente de financiamiento de los rebeldes.
Los resultados de tales tácticas fueron menos que prometedores: mientras que se logró reducir a la mitad el cultivo de opio y la producción de heroína, entre 2000 y 2006, la GAO (Government Accountability Office, oficina que vigila los gastos del gobierno norteamericano), reportó que el cultivo de coca y producción de cocaína había aumentado en un 14% y 4% respectivamente. Las fumigaciones, además, tuvieron sus efectos sobre cultivos lícitos y muchos de los campesinos alcanzados por ellas sufrieron consecuencias en su salud.
La segunda parte de los objetivos básicos del Plan Colombia tampoco logró demasiados resultados. En 2008, el gobierno realizó declaraciones oficiales que sostenían que todos los grupos paramilitares se habían desmovilizado totalmente; pero para julio de ese mismo año, se habían registrado 461 homicidios atribuídos a ellos, y se había realizado la exhumación de 1441 fosas. Amnistía Internacional además reporta que las fuerzas de seguridad siguieron empleando paramilitares para labores operativas (que en la práctica funcionan como enviados para cometer los crímenes con los que el Ejército no puede ensuciarse) a pesar de la prohibición en 2007 de estas actividades.
A esto se le suma la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos, y la muy pública práctica de la “parapolítica”, que denuncia la fuerte vinculación del Congreso colombiano con estos mismos grupos paramilitares.
Colombia es desde hace años el mayor receptor de ayuda económica estadounidense, y sin dudas la principal de la región.
A pesar de los US$ 669,5 millones que EE.UU. le envió el año pasado, los problemas persisten, y hace ya diez años desde que se evidenció por primera vez que el ataque a dos frentes probó ser insuficiente. Colombia continúa siendo víctima de sí misma, y el primer problema es también el más antiguo: su concentración de riquezas y tierras es más alta que en el resto de Latinoamérica en general.
Las bases y la carrera armamentista.
Mientras tanto, desde la Casa Blanca no logran apaciguar las paranoias de la región, que ya está en alerta luego de la firma del tratado ayer.
Este “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”, como se lo llamó, firmado por el embajador estadounidense en Bogotá, Bill Brownfield y el ministro del Interior colombiano, Fabio Valencia, acabó por concretar lo que la región temía. Fidel Castro ya se ha pronunciado denunciadno la amenaza, y Hugo Chávez, principal defensor de la tradición populista latinoamericana y denunciante de la militarización de la hegemonía norteamericana en la región, declaró en su momento que sentía soplar “vientos de guerra” con el anuncio de Uribe.
Sus razones también pasan por otra parte, comenta el especialista Gerardo López: “Chávez, por razones políticas, necesita mantener a la población venezolana en estado de movilización permanente. Cuando no es un ataque a EE.UU., es una agresión a Uribe, que ahora instala a las tropas en su país.”
La cumbre de la UNASUR en Bariloche en agosto pasado generó expectativa de resoluciones sobre el tema, pero se consiguió en cambio que se cediera renuentemente a la instalación de las tropas.
Mientras que la cuestión de si Estados Unidos tiene derecho extraterritorial es debatible, se debe recordar que esta es una práctica intervencionista que lleva más de 100 años. Y Colombia, como se ha visto, es un caso desesperado. Según Calle, “no cabe duda de que estas bases tienen como objetivo principal la derrota definitiva de las FARC, la continuidad de la lucha contra el narcotráfico, y proteger otros intereses a largo plazo de los Estados Unidos.”
Pero López señala que aceptar las tropas es también aceptar todos los efectos secundarios que puedan acarrear. Si el envío de tropas es contraproducente y produce el rechazo de sus vecinos, las circunstancias en que Uribe ve a Colombia no le dejan alternativas. “No hay razones valederas para no creerle a Uribe. Él sólo no está en condiciones de luchar contra las FARC y el narcotráfico.”
Pero esta no es la única cuestión.
¿Cuál podría ser el aspecto ‘secreto’ del interés de EE.UU. en estas bases en Colombia? “Más allá de las FARC y el narcotráfico, a Washington le preocupa el tema de Irán infiltrado en América del Sur, sobre todo porque su ‘punta de lanza’ es la guerrilla libanesa shiíta Hizballah (la misma responsable del ataque a la AMIA,” señala López, y, agrega, “es obvio que EE.UU no quiere problemas en el Caribe, y, entre tanto, Chávez le abre las puertas a Irán y a Rusia, dos países que no gustan nada a EE.UU., especialmente en ese lugar.”
Pero esto da pie a un nuevo juego político, que cautelosamente disimula su predisposición al conflicto armado en una nueva carrera armamentista entre miembros de la región. En 2008, el incremento en el gasto militar en Latinoamérica subió un 91%, según el Instituto Internacional de Estudios Estadísticos (IISS por sus siglas en inglés). Esta respuesta no es más que es una serie de consecuencias naturales frente a lo que se percibe como una amenaza. Chávez fortalece sus relaciones con Ahmadinejad en Irán, y compra armas a Rusia. Lula en Brasil acaba continúa rearmándose, y Bolivia no repara en gastos para defender sus fronteras.
Si bien la principal excusa que se ha dado es la necesidad de renovar material militar que no se actualiza desde los sesenta, la duda permanece en el aire. ¿Realmente se justifica ese dinero en armamento cuando el 50% de la población de la región vive en la pobreza? ¿Qué impide que se lo invierta en infraestructuras y en paliar la crisis humanitaria?
La instalación de tropas es sólo otro movimiento en el gran juego estratégico mundial, que llega en mal momento y con intenciones claras, y que sólo suma a la preocupante volatilidad de la región.
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